Preguntas Frecuentes

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

Se proferirá cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza sobre.

1) La existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación (actualizada según el IPC).

2) La individualización y actuación, cuando menos con culpa grave, del gestor fiscal.

3) La relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia, deberá establecerse la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable fiscal.

Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contraloría, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión, y en forma dolosa o gravemente culposa, un daño al patrimonio del Estado.

Los procesos de responsabilidad fiscal buscan resarcir al Estado el detrimento al patrimonio público provocado por la acción u omisión de los funcionarios y particulares que administren, manejen, custodien, enajenen, inviertan, etc., los fondos o bienes del Estado en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta.

La responsabilidad se puede entender como una obligación de responder, en el caso del control fiscal, de reparar un daño o de satisfacer el mal causado como consecuencia de una conducta o comportamiento que contraviene la ley o la moral; así, el responsable es la persona obligada a responder.

Estas nociones básicas traídas al plano del derecho fiscal, conducen a entender la responsabilidad fiscal como la obligación que en un momento dado tienen los gestores fiscales, en razón de su conducta o sus decisiones en ejercicio de la gestión fiscal a ellos encomendada. En otras palabras, toda persona que adelanta gestión fiscal debe responder por sus actuaciones en cumplimiento de este encargo que la sociedad le ha hecho.

Desde el ámbito jurídico, se encuentra plenamente establecida la responsabilidad como una consecuencia de las actuaciones de las personas.

La misma Constitución Política dispone que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, y en su artículo 124 estipuló respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, que la ley determine la manera de hacer efectiva dicha responsabilidad.

Así, la Ley se ha encargado de regular el alcance de la responsabilidad tanto de los particulares, como de los servidores públicos, y con ello se admite que las actuaciones pueden tener varias implicaciones o responsabilidades como sus consecuencias

La Auditoria regular es una modalidad que se aplica a los sujetos de Control con el propósito de obtener evidencia relacionada con la información financiera, el cumplimiento de la normatividad, el sistema de control interno, los resultados de la gestión y medio ambiente; con el propósito de producir un informe sobre la razonabilidad de la información contable, el comportamiento económico, el desempeño de la administración y emitir un dictamen integral sobre la cuenta fiscal rendida.

Es la institución encargada del control en la ejecución de los recursos del Estado. Desarrolla la vigilancia de la gestión fiscal, con base en un procedimiento cuyas premisas son el control posterior y selectivo. Lo anterior indica que se realiza después que han sido ejecutados los recursos y se considera selectivo, ya que a través de un procedimiento técnico se escoge una muestra representativa dentro del total de gastos e inversiones desarrolladas por la administración.El control fiscal va dirigido a determinar la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con los cuales fueron ejecutados los recursos del Estado.

Control Fiscal es la función pública a cargo de las contralorías para vigilar la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado.

La denuncia es un mecanismo mediante el cual cualquier persona notifica o da aviso en forma verbal o escrita a la Contraloría de hechos o conductas con los que se puede estar configurando un manejo irregular o detrimento de los fondos o bienes del municipio.

Es toda aquella expresión de inconformidad hecha por una persona natural o jurídica con respecto a los productos o servicios que presta una entidad.

Es la presentación sustentada y formal por parte de la comunidad, de una situación que produce inconformidad, disgusto o descontento con relación al funcionamiento de la Contraloría o por la conducta o infracción de un servidor público, con el fin de corregir errores y reparar daños.

El horario de atención al público en este organismo de control es de lunes a viernes de: 8:00 AM a 12:00PM y de 2:00 PM a 6:00 PM.

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